Allí Unión Europea y su nueva legislación obliga a las grandes empresas a incluir el puerto USB-C como método de carga antes de diciembre de 2024. Los rumores apuntan a Apple introducirá USB-C en su iPhone 15 este mismo mes de septiembre. Sin embargo, en marzo, un filtrador informó que gran manzana podría estar considerando limitar la velocidad de carga de los dispositivos gracias a un chip introducido en el puerto de carga que limitaba aquellos cables sin certificados de Apple. La Unión Europea envió una carta a Apple para anunciar que estas prácticas serían ilegales.
UE en iPhone 15: limitar USB-C es ilegal
La historia del USB-C está dando mucho que hablar, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación viene de la Unión Europea y no es más que una imposición para cambiar el puerto de carga. Finalmente, Apple presentará USB-C en el iPhone 15 en el mes de septiembre. Algunos especialistas, como ya hemos mencionado, informaron en marzo de las intenciones de Apple de presentar el nuevo certificado MFI para aplicar limitaciones a estos cables tanto en términos de velocidad de carga como de transferencia.
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Sin embargo, uno alemán medio informó hace unas semanas que la Unión Europea envió una carta a Apple. ¿Cuál es el punto de? Advertencia de que una posible limitación de funciones sería ilegal teniendo en cuenta los nuevos directorios aprobados en octubre de 2022. Por cierto, el autor es Thierry Bretón, European Commissario de Mercado Interior y Servicios, quien ha firmado la carta y ha indicado que se deben aplicar estas limitaciones, El iPhone 15 no se podía comercializar en la Unión Europea cuando la ley entró en vigor.
Recordando que la ley entra en vigor oficialmente en diciembre de 2024, por lo tanto, el iPhone 15 aún podría comercializarse con estas limitaciones a USB-C. sin embargo, ya que la Unión Europea recomienda que las empresas empiecen a preparar sus dispositivos antes del inicio de la vigencia de la legislación y se trabaja ya en un dossier explicativo de los puntos más conflictivos de la ley para garantizar que haya una «interpretación uniforme» de la ley en todo el mundo.